BPS Perú: Medidas adicionales de Simplificación Administrativa

18 enero 2017

El pasado 30 de Diciembre se hizo público el Decreto Legislativo el cual aprobaba medidas adicionales de simplificación administrativa. La más importante de estas medidas fue la obligación de elaboración del análisis de calidad regulatoria (ACR).

Objetivo del ACR

Identificar y eliminar los requisitos y procedimientos que no se adecuan a la Ley de Procedimiento Administrativo General u otras normas innecesarias injustificadas o desproporcionadas.

Contenido de la medida

Evaluación comparativa del coste y beneficio, análisis de necesidad de la medida, efectividad y proporcionalidad de las nuevas disposiciones normativas. Esta norma espera ser aprobada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Organismos encargados de la aprobación y validación

Se encargará una Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria (CMCR), la cual estará presidida por un Consejo de Ministros y su posterior validación por un Poder Ejecutivo.

Capacidades de la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria

Establecerá vinculaciones respecto del contenido del ACR, así como normas para realizar la elaboración, presentación y su posterior evaluación.

Ejecución de la norma

En cuanto a las directrices del Poder Ejecutivo, se establece procedimientos bajo el formato de ley siempre que hayan estado vigentes al 31 de diciembre de 2016. Las entidades deben efectuar el ACR siempre conforme con el Cronograma aprobado mediante un Decreto Supremo. Las normas que no cumplan el plazo previsto, quedarán automáticamente derogadas. El plazo máximo de ratificación vence el 31 de diciembre del 2018.

Ejecución de la norma sobre las nuevas disposiciones

A partir del 1 de enero, la nueva norma debe ser remitida para poder validar posteriormente por parte de la CMCR su aprobación. Las nuevas normas que no se hayan validado por el ACR no entrarán en vigor.

Revalidación y derogación automática

Las disposiciones que hayan sido ratificados y a la espera de ser aprobadas por un Decreto Supremo, tendrán un plazo de vigencia de tres años. Posteriormente deberán ser evaluadas para poder determinar si son ratificadas o no. Si la disposición no estuviera incluida en el listado, quedaría derogada automáticamente al vencimiento de tres años.

Participación de los administradores

Las normas que hayan sido emitidas incumpliendo la obligación anterior, podrán ser denunciadas ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI.

Exclusión del ámbito de aplicación Las disposiciones tributarias están excluidas del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo N° 1310

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