La lucha contra el fraude fiscal ha dado un paso decisivo en España con la aprobación de la Ley 11/2021, conocida como Ley Antifraude. Aunque fue publicada en el BOE en julio de 2021, su aplicación real empieza a tomar forma ahora, con la reciente aprobación del reglamento que especifica los requisitos técnicos que deben cumplir los sistemas de facturación.
Este nuevo marco legal no solo afecta a los proveedores de software: todas las empresas, desde grandes corporaciones hasta autónomos, deberán asegurarse de que sus sistemas cumplen con los nuevos estándares.
¿Cuáles son los cambios que trae la nueva Ley Antifraude?
Uno de los aspectos más significativos de esta ley es la prohibición expresa del software de doble uso. Se trata de aquellos programas que permiten llevar contabilidades paralelas o manipular registros sin dejar rastro, prácticas que dificultan la transparencia fiscal. A partir de ahora, todos los sistemas de facturación deberán estar diseñados para garantizar la integridad, trazabilidad, conservación y accesibilidad de los datos. No podrán permitir modificaciones sin registrar o eliminar información sin dejar evidencia. Además, deberán cumplir con los requisitos técnicos establecidos por la Administración, entre los que destaca la inclusión de funcionalidades como Verifactu, una herramienta que permite el envío voluntario de los registros de facturación a la Agencia Tributaria en tiempo real. Este enfoque busca asegurar una trazabilidad completa de las operaciones y aumentar el control sobre los datos fiscales.
Plazos para adaptar los sistemas informáticos
Con la aprobación del reglamento, el calendario ya está definido. A partir de julio de 2025, todos los programas de facturación deberán haber sido adaptados a las nuevas condiciones que exige la Ley Antifraude. Esta adaptación no solo será responsabilidad de los desarrolladores de software, sino también de las empresas que los utilicen, que deberán verificar que los sistemas implantados cumplen con los nuevos requisitos legales. En este sentido, el uso de Verifactu no solo será recomendable, sino una funcionalidad clave que deberá estar integrada en los sistemas. En cuanto a los plazos de obligatoriedad para las empresas, se ha establecido un enfoque escalonado: a partir del 1 de enero de 2026, estarán obligadas a utilizar software adaptado todas las sociedades anónimas y limitadas. Más adelante, desde el 1 de julio de 2026, la exigencia se extenderá a los autónomos y sociedades civiles. Esta estructura da un margen razonable para planificar la transición, pero también marca claramente el límite temporal para no quedarse atrás.
Implicaciones para las empresas de la nueva Ley Antifraude
La entrada en vigor de este reglamento supone un cambio importante en la forma en que las empresas deben gestionar sus procesos de facturación. En primer lugar, está el riesgo económico: el uso de software que no cumpla con la nueva normativa puede conllevar sanciones de hasta 150.000 euros por cada ejercicio fiscal. Pero más allá del riesgo, esta ley implica una revisión profunda de los sistemas actuales. Muchas empresas deberán evaluar si su software puede ser adaptado o si será necesario implementar nuevas soluciones. Este proceso de análisis y cambio exige una colaboración más estrecha entre los departamentos de Finanzas, IT, Compliance y Legal, para garantizar una transición efectiva y sin riesgos.
A pesar de ello, este cambio normativo también debe verse como una oportunidad. La obligación de adaptarse puede servir como palanca para modernizar procesos, incorporar nuevas tecnologías y mejorar el control y la trazabilidad de la información. Implementar un sistema fiable, trazable y alineado con los requisitos de la Agencia Tributaria puede marcar un antes y un después en la gestión empresarial y en la calidad de los datos que sustentan la toma de decisiones.
Con más de 25 años de experiencia, Excelia acompaña a las empresas en la digitalización de sus sistemas y procesos financieros, combinando tecnología, conocimiento y visión estratégica. Ante los desafíos que plantea la nueva Ley Antifraude, la compañía ofrece un enfoque integral que va más allá del cumplimiento normativo.
Los servicios financieros de Excelia ayudan a las organizaciones a identificar brechas en sus sistemas financieros actuales mediante auditorías y diagnósticos específicos, mientras que las soluciones ERP y de software de facturación están específicamente adaptadas a los nuevos requisitos legales. Asimismo, los servicios de Data & Analytics, automatización y control financiero permiten transformar la obligación legal en una auténtica palanca de eficiencia y mejora operativa.
No se trata solo de cumplir. Se trata de preparar a las empresas para operar con más control, más seguridad y mejor información.
